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Recuperar La República y el Estado de derecho del crimen organizado 

El Perú atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia republicana en materia de seguridad, institucionalidad y confianza pública. No se trata únicamente de una percepción ciudadana: es la consecuencia directa de un rediseño normativo que, lejos de fortalecer al Estado, ha terminado por debilitarlo en su función más esencial: proteger la vida, la libertad y el orden.

La imagen que acompaña este editorial —elaborada por la Pontificia Universidad Católica del Perú a través de su Observatorio para la Democracia y Gobernabilidad— no es un gráfico más. Es, en rigor, un mapa político de responsabilidades. Una radiografía que muestra, con precisión inquietante, qué bancadas han respaldado leyes que hoy erosionan la lucha contra el crimen organizado.

I. El desmontaje del sistema penal: cuando la ley deja de proteger

En términos de teoría del Estado, lo que observamos es un quiebre del pacto fundamental descrito por Thomas Hobbes: los ciudadanos entregan parte de su libertad al Estado a cambio de seguridad. Cuando el Estado pierde la capacidad de garantizar esa seguridad, la legitimidad se resquebraja.

Las normas analizadas no son hechos aislados. Constituyen un patrón.

La restricción a la colaboración eficaz introduce miedo donde antes había incentivos para delatar estructuras criminales.

La redefinición de organización criminal crea estándares irreales, desconectados de la dinámica flexible del delito moderno.

La limitación de interceptaciones telefónicas y la distorsión de los allanamientos debilitan la inteligencia operativa.

La eliminación de la detención preliminar sin flagrancia otorga ventaja estratégica al delincuente.

La modificación de la extinción de dominio permite que el dinero ilícito sobreviva más que la justicia.

Desde la perspectiva de Max Weber, el Estado se define por el monopolio legítimo de la fuerza. Pero ese monopolio no es solo físico: es también normativo. Cuando las leyes obstaculizan la acción coercitiva legítima, el Estado no solo se debilita: se auto-neutraliza.

II. La captura del derecho: entre garantismo extremo e impunidad funcional

Es necesario ser claros: el garantismo es un pilar del Estado de derecho. Sin embargo, como advertía Norberto Bobbio, todo sistema jurídico puede degenerar si pierde equilibrio entre libertad y orden.

En el caso peruano, no estamos ante un garantismo auténtico, sino ante lo que en teoría jurídica se denomina hipergarantismo selectivo: normas que, bajo la apariencia de proteger derechos, terminan protegiendo estructuras criminales o intereses políticos.

La exclusión de partidos políticos de sanciones penales, por ejemplo, rompe un principio básico señalado por John Rawls: la igualdad ante la ley. Si todos deben someterse a reglas justas, ninguna organización puede colocarse por encima del sistema jurídico.

Esto no es un error técnico. Es una decisión política.

III. El Congreso frente a la historia: ¿representación o autodefensa?

La matriz de votación presentada en la imagen es reveladora: no solo muestra porcentajes, sino alineamientos. Evidencia que el problema no es individual, sino estructural.

Aquí emerge una reflexión clave desde Charles Tilly: los Estados fuertes se construyen cuando logran organizar coerción y capital en favor del interés público. Cuando esa organización se distorsiona para proteger intereses particulares, el Estado se convierte en rehén de sus propias élites.

Lo que observamos en estas leyes es un fenómeno que podría denominarse legislación defensiva: normas diseñadas para limitar la acción futura del sistema de justicia sobre quienes las aprueban o sus entornos.

Y eso, en términos republicanos, es profundamente peligroso.

IV. Consecuencias reales: del papel a la calle

Este debate no es abstracto. Tiene efectos concretos:

- Menos detenciones oportunas

- Menos pruebas recolectadas

- Menos bienes recuperados

- Más tiempo para que el crimen se reorganice

En palabras de Hannah Arendt, cuando las instituciones pierden su capacidad de actuar, el vacío es ocupado por la violencia. Y ese vacío ya se siente en las calles del Perú: extorsión, sicariato, dinamita, miedo cotidiano.

El ciudadano no analiza artículos de ley. El ciudadano vive sus consecuencias.

V. Restaurar la República: una agenda impostergable

Frente a este escenario, no basta la denuncia. Se requiere acción.

Un verdadero proyecto de reconstrucción nacional debe contemplar:

- Derogatoria integral de las leyes que debilitan la lucha contra el crimen

- Restitución de herramientas operativas para Policía y Fiscalía

- Reforma del sistema político que elimine privilegios indebidos

- Alineamiento con estándares internacionales, como la Convención de Palermo

- Control ciudadano y transparencia legislativa

Como advertía Nicolás Maquiavelo, un Estado que no corrige sus errores a tiempo termina pagando un precio mayor.

VI. Un llamado a la conciencia nacional

El Perú no está condenado al caos. Pero tampoco está a salvo.

Hoy, más que nunca, se requiere liderazgo, decisión y coraje político. No para discursos, sino para revertir normas que han puesto en ventaja al crimen sobre la ley.

La historia juzga con severidad a quienes, teniendo el poder de proteger a su nación, eligieron protegerse a sí mismos.

Y también recuerda a quienes, en momentos críticos, decidieron recuperar el honor de la República.

Dios bendiga a los peruanos🇵🇪

Mag. Harry Peralta