LosPatriotas⚓🦅🇵🇪
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#TraiciónALaPatriaEnElSigloXXI #SoberaníaNoSeNegocia

La confirmación de la compra de aeronaves F-16 desarrollado en la década de los años 70s a los Estados Unidos no puede ser tratada como un trámite administrativo ni como una simple decisión de modernización militar. Es, en esencia, una definición estratégica que impacta directamente en la soberanía nacional y en la capacidad real del Perú para ejercer su autodeterminación.

No se trata únicamente de adquirir aviones, sino de aceptar —de manera explícita e implícita— un esquema de dependencia. Estos sistemas de armas están sujetos a condiciones, autorizaciones y restricciones del país proveedor, lo que implica que su uso, mantenimiento, modernización e incluso su eventual reventa no dependen exclusivamente del Estado peruano. En términos estratégicos, esto reduce el margen de decisión soberana y condiciona la política de defensa a intereses externos. En otras palabras solo se usan estos aviones si EEUU lo quiere.

La soberanía no es un concepto retórico. Es la capacidad efectiva de decidir sin condicionamiento extranjero. Y cuando esa capacidad se ve limitada por acuerdos que subordinan decisiones clave, estamos frente a un problema de fondo que no puede ser ignorado ni minimizado.

Por ello, resulta legítimo y necesario plantear una reflexión firme: decisiones de esta magnitud, que comprometen la autonomía estratégica del país, deben ser evaluadas con el más alto nivel de transparencia, rigor técnico y responsabilidad política. No pueden adoptarse en espacios cerrados ni justificarse únicamente en criterios de oportunidad o alineamiento internacional.

Más aún, este escenario interpela directamente al Congreso de la República. Su rol no es decorativo ni accesorio. La función fiscalizadora es un pilar del equilibrio democrático y debe ejercerse con seriedad y compromiso con el interés nacional. Corresponde al Congreso evaluar la conveniencia estratégica de esta adquisición, exigir información completa, promover el debate público y, de ser necesario, establecer responsabilidades políticas.

El silencio o la inacción en este contexto no son opciones neutrales. La omisión debilita la institucionalidad y erosiona la confianza ciudadana. Fiscalizar no es una facultad opcional: es una obligación constitucional.
El Perú no puede permitirse decisiones que comprometan su soberanía sin un escrutinio riguroso. La defensa nacional exige autonomía, planificación y visión de Estado, no dependencia ni improvisación.

La historia juzga con severidad a quienes, teniendo la responsabilidad de proteger los intereses de la Nación, optan por el silencio o la complacencia. Por ello, toda decisión que afecte la soberanía deberá ser evaluada hoy, y también en el futuro, bajo los principios de responsabilidad, legalidad y defensa irrestricta del país.

Dios bendiga a los peruanos🇵🇪